Se ha establecido la instalación de una comisión técnica para que se alcancen condiciones básicas de calidad
El Ministerio de Educación (Minedu) aprobó las disposiciones para la formulación de un plan de emergencia para las universidades públicas con licencia institucional denegada por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).
La normativa, descrita en el Decreto Supremo Nº 016, tiene tiene como finalidad que las universidades públicas con licencia institucional denegada, ejecuten un plan de emergencia orientado a alcanzar las condiciones básicas de calidad durante el plazo máximo de cese establecido en el “Reglamento del Proceso de Cese de Actividades de Universidades y Escuelas de Posgrado”, aprobado por la Sunedu.
Así, en un plazo máximo de diez días hábiles de publicada la resolución de denegatoria de licencia institucional, el Ministerio de Educación, mediante Resolución Ministerial conformará una comisión técnica y dará inicio a la implementación de las acciones de evaluación y seguimiento.
Dicha comisión contará con un plazo máximo de 45 días calendario, contados a partir de la recepción de la información requerida a la universidad por esta, para evaluar el estado de la universidad y elaborar el plan de emergencia para el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad.
El Minedu cuenta con un plazo máximo de quince días calendario para la aprobación de dicho plan, a partir de su presentación. Mientras que las universidades públicas lo deben ejecutar en un plazo máximo de doce meses desde su aprobación y antes del vencimiento del plazo máximo de cese de actividades comunicado por la universidad a la Sunedu.
Se aclara que la comisión técnica se instala y sesiona en la universidad pública con licencia denegada, dentro de los diez días hábiles de emitida la Resolución Ministerial que lo constituye y contará con las siguientes funciones:
1. Elaborar y proponer el Plan de Emergencia para el cumplimiento de condiciones básicas de calidad dentro del plazo establecido en el numeral
2. Requerir toda información que estime necesaria a los órganos de gobierno de la universidad pública con licencia institucional denegada.
3. Identificar las necesidades financieras o de gestión de la universidad pública con licencia institucional denegada, para el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad y sus indicadores.
4. Solicitar asistencia técnica al Minedu, para el cumplimiento del Plan de Emergencia.
5. Verificar continuamente el estado de avance del cumplimiento del Plan de Emergencia, hasta su culminación de acuerdo al cronograma establecido.
6. Informar al Consejo Universitario sobre la inobservancia o distorsiones en la ejecución del Plan de Emergencia aprobado, con la finalidad de que adopte las medidas necesarias para su cumplimiento.
7. Proponer al Consejo Universitario, la aprobación de normas y mecanismos que contribuyan a la mejora de la calidad en la universidad.
8. Informar bimensualmente al Minedu, sobre los avances en la implementación del Plan de Emergencia, para la adopción de las medidas que resulten necesarias.
9. Convocar al Consejo Consultivo para recibir sus aportes.
10. Conformar los equipos de trabajo que se requieran para el desarrollo de sus funciones.
11. Otras que disponga el Minedu mediante Resolución Ministerial.
Se explica también que para el cumplimiento de las acciones de seguimiento, el Minedu puede conformar equipos de trabajo para el seguimiento de los avances del plan de emergencia.
Asimismo, el ministerio podrá convocar al Consejo Consultivo para solicitar su asesoría, recomendaciones y aportes.
Hasta la fecha, la Sunedu no ha sido notificada de la medida cautelar que anula las resoluciones que deniegan el licenciamiento institucional a la Universidad Privada Telesup
El 15 de setiembre, durante el allanamiento al domicilio de José Luna Gálvez, excongresista y fundador del Grupo Educativo Telesup, la fiscalía halló S/300 mil en efectivo en un compartimiento del auto estacionado dentro de la vivienda, ubicada en Surco. Según Luna, el dinero correspondía a las matrículas de Telesupdel sábado 12, domingo 13 y lunes 14 de octubre. Es decir, tres días después de que se declaró fundada la medida cautelar que anula los efectos de las resoluciones de la Suneduque deniegan el licenciamiento institucional a la
Dos días después de otorgada esta medida, El Comercio comprobó que la Telesup reanudó sus procesos de matrícula y admisión en virtud de lo dispuesto por el juez Alberto Cohen Vela, del Segundo Juzgado Civil de Bagua de la Corte Superior de Justicia de Amazonas. Además, Telesup informó que en diciembre empezarán las inscripciones para un examen de admisión con miras al inicio de clases en marzo del 2020.
Sin embargo, pese a que la universidad asumió la continuidad de sus actividades, para Mac Donald Rodríguez Sánchez, procurador público de la Sunedu, “el proceso de cierre [de Telesup] tiene que continuar, ahí no habría cambiado nada porque para nosotros no existe la medida cautelar”, dijo a El Comercio.
Explicó que hasta el momento el organismo público no ha sido notificado de la medida cautelar, difundida en redes sociales y a través de comunicados de la misma universidad. “La medida cautelar para que se pueda ejecutar primero tiene que ser notificada a la Procuraduría Pública de la Sunedu para su cumplimiento. Para que se pueda ejecutar se debe pagar [la caución] los S/ 60 mil”.
“Lo que sucede es que mientras no pague no podría siquiera notificarnos a nosotros para cumplir esa medida, pero esto no se puede dar por Telesup porque no se ha notificado a la Sunedu”, agregó.
Por otro lado, informó que “sí notificaron del proceso de amparo y a esta demanda la Procuraduría Pública contestó deduciendo diferentes argumentos para que el proceso no continúe”. Entre ellos, mencionan la nulidad del auto admisorio. “Lo que estamos diciendo es que el proceso de amparo no es el que corresponde para ver este tipo de causas. Lo que corresponde es a través del proceso contencioso, que el juez no es competente para ver este tema en un proceso de amparo”, explicó.
“Habíamos deducido en esta contestación de demanda diversas excepciones, por ejemplo que no es competente el juez porque en Bagua no existe una sede, entonces no tendría que ver ese proceso el juez en este lugar. En el transcurso de la semana o la próxima deben estar notificándonos la decisión final sobre este tema que deducimos”, finalizó Rodríguez.
-Próximas denuncias-
El procurador público de Sunedu dijo a El Comercio que presentarán también una denuncia penal contra Cohen Vela y la Universidad Telesup.
En el caso de juez Cohen, Rodríguez dijo que ya tienen preparada una denuncia penal contra él por el presunto delito de prevaricato. “Vamos a presentar una denuncia penal por el delito de prevaricato porque el juez, en primer lugar, solo se entendió con Telesup que se presentaba como litisconsorte, y lo que se evidenciaba es que, días después de haberse presentado la demanda, se apersonó al proceso y solicitó una medida cautelar; cuando todavía no era parte del proceso. Eso sí es grave. Ya la tenemos preparada [la denuncia] y la debemos estar enviando el lunes”, dijo.
Por otro lado, dijo que la Procuraduría Pública está evaluando las acciones correspondientes para interponer una denuncia penal contra la Universidad Telesup por presunta desobediencia a la autoridad porque “tendrían que haberle notificado a la Sunedu que están continuando con este proceso de cierre. Situación que a la fecha ellos no lo están haciendo. En esta semana vamos a interponer las acciones pertinentes por el delito de desobediencia a la autoridad", explicó.
-El proceso-
El 24 de mayo, el Consejo Directivo de la Sunedu denegó el licenciamiento institucional solicitado por la Telesup y confirmó esta medida en una resolución emitida el 26 de julio, que resolvió el recurso de reconsideración declarándolo infundado.
El 9 de setiembre, Jonathan Jesús Hernández Martínez interpuso una demanda de amparo en contra de la Sunedu ante el Segundo Juzgado Civil de Bagua de la Corte Superior de Justicia de Amazonas solicitando la suspensión de las resoluciones del Consejo Directivo de la Sunedu que denegó la licencia institucional a la Telesup.
Esta demanda fue admitida mediante una resolución el 12 de setiembre y notificada a la Telesup, institución que el 18 de setiembre solicitó su intervención litisconsorcial en el proceso, así como se conceda la medida cautelar que, “luego de una serie de irregularidades” fue declarada fundada el 9 de octubre, “tomando conocimiento por redes sociales y comunicado de la Universidad Privada Telesup sin que hay sido notificada por el Juzgado a esta Procuraduría Pública".
De acuerdo con la medida otorgada, además de suspender temporalmente las resoluciones de Consejo Directivo e informe, se le ordenaba al superintendente de la Sunedu dar a la Universidad Telesup un “plazo razonable” para reformular y presentar su Plan de Adecuación y que se realice una nueva evaluación, "contraviniendo con ello la Reforma Universitaria, la Ley y las normas procedimentales creadas con tal fin”, precisa la denuncia.
-Dato-
La Sunedu informó que el proceso de amparo presentado en Talara (Piura), también por una alumna de Telesup, fue declarado improcedente por el juez. “Tengo entendido que ha apelado y está subiendo a la sala. De los demás que se señalan, a la fecha la Procuraduría Pública no tiene conocimiento”, dijo Rodríguez.
Tras la aprobación de los nuevos estatutos de la FPF, el presidente Agustín Lozano presentó la hoja de ruta a seguir hasta la elección del nuevo presidente del ente del fútbol peruano.
No solo se defendieron de quienes quiere impugnar la aprobación de los nuevos estatutos. Agustín Lozano y Oscar Chiri, presidente y asesor legal de la FPF, presentaron la hoja de ruta y confirmaron la fecha en que se realizarán las elecciones para tener nuevo presidente del máximo ente del fútbol peruano.
Según informó el propio Agustín Lozano en conferencia de prensa, las elecciones del nuevo comité ejecutivo de la FPF se realizarán en noviembre del 2020 tras el registro de los estatutos aprobados, la aprobación de los grupos de interés y las elecciones en todas las instancias del fútbol peruano.
Recordemos que según los estatutos aprobados de la FPF, el número de votantes en las próximas elecciones se eleva a 67 distribuidos de la siguiente manera: 20 clubes de la Liga 1, 10 clubes de la Liga 2, 7 representantes de los futbolistas, 5 representantes de los grupos de interés, y las 25 ligas departamentales.
Por otro lado, Agustín Lozano no quiso confirmar si Juan Carlos Oblitas puede presentarse a las próximas elecciones. “Ni mi persona, ni el señor Oscar Chiri, podemos confirmar eso. Para eso habrá un comité electoral encargado de decir quiénes están aptos de postular y quienes no”, señaló.
Esta es la hoja de ruta para elegir al nuevo presidente de la FPF
*Fecha
Gestión a realizar
Hasta diciembre 2019
Inscripción registral del nuevo estatuto y revisión del nuevo estatuto de las Ligas Departamentales, provinciales y distritales
Desde enero hasta agosto 2020
Aprobación de grupos de interés por el comité ejecutivo de la FPF
Respaldo. Luego de disolver el Congreso, el apoyo al presidente crece 31 puntos y alcanza el pico más alto de todo su mandato. El 85% aprueba la medida. La aprobación a la gestión del Ejecutivo, sin embargo, se encuentra en 43%. Mercedes Araoz es desaprobada por el 81%.
El respaldo a la disolución del Congreso supera por lejos la cifra recogida por Ipsos para El Comercio en julio, cuando el presidente Martín Vizcarra anunció que presentaría un proyecto para adelantar las elecciones generales al 2020. Aquella vez, el 56% dijo que apoyaría la disolución del Parlamento si la propuesta del mandatario era archivada. Dos meses después, con el adelanto de elecciones ya en el archivo, la cifra está 29 puntos por encima, en 85%.
“Parte de la diferencia se puede explicar por la desconexión que mostró el Congreso [el día de la disolución]. Y Salvador del Solar, que tuvo una ‘actuación impecable’. Que no lo dejen entrar, le cierren la puerta, no lo dejen hablar, cómo presenta la confianza. Eso ha generado que la ciudadanía apoye aún más”, explica Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos.
Este apoyo mayoritario se ha traducido en el salto más grande en la popularidad de Vizcarra en lo que va de su gestión. Ha ganado 31 puntos, con lo cual se ubica en su pico histórico: 79%.
Su bastión se mantiene en los niveles socioeconómicos (NSE) de mayores ingresos, con el B como su principal aliado –91% de respaldo a la disolución y 88% al presidente–. En términos territoriales, el sur se empareja al resto de regiones –con 83% y 78%, respectivamente–, pese a que desde hace dos semanas se han reactivado las protestas en el corredor minero de esa zona del país.
Además, la aprobación al cierre del Parlamento se basa en la convicción de que la medida fue tomada dentro de los márgenes constitucionales. El 76% considera que es “correcta porque era lo que la Constitución permitía” y solo el 10% dice que es incorrecta por ser “un golpe de Estado”.
En línea con esto, el 64% opina que, si bien existe una crisis política, el país se mantiene en democracia. “Al convocar elecciones parlamentarias el mismo día que disuelve el Congreso, para la opinión pública el país sigue siendo democrático, parece una situación totalmente normal”, dice Torres.
-Patrón de golpes-
Al observar la línea histórica de aprobación al presidente, se identifican cuatro saltos que responden –todos– a golpes dados al Congreso. Pero siempre la curva volvió a bajar después de unos meses.
En setiembre del 2018, la aprobación a Vizcarra estaba en 45% (seis meses antes había comenzado el mandato con 57%). Entonces, el presidente decidió hacer cuestión de confianza por sus proyectos de reforma del sistema de justicia. Al mes siguiente, en octubre, la cifra creció 16 puntos, a 61%.
Este salto duró siete meses, hasta abril, cuando ambas líneas –aprobación y desaprobación– volvieron a tocarse. La aprobación fue de 44% y al mes siguiente bajó aún más, a 42%. El 29 de mayo, Vizcarra anunció que su gobierno plantearía una nueva cuestión de confianza, esta vez por sus proyectos de reforma política. El rebote en junio fue de 8 puntos, a 50%.
Pero duró apenas un mes. En junio, la aprobación regresó a 44% y, en su mensaje por Fiestas Patrias, el presidente dijo al Congreso que buscaría tener elecciones adelantadas. El respaldo saltó 13 puntos, a 57%. La línea, sin embargo, no tardó en volver a bajar: en setiembre tuvo 48%.
Aunque la crecida ahora es mucho mayor, Torres opina que también será momentánea. “Vizcarra debería asumir que su popularidad va a bajar de todas maneras. Tiene una breve luna de miel para sacar adelante proyectos importantes para el país”, asegura.
La zona natural a la que volvería el índice, concluye, es la que marca la aprobación a su gobierno: 43%.
Cristiano Ronaldo marcó un tanto en la victoria de Portugal por 3-0 sobre Luxemburgo. A raíz de este tanto surgió un debate: ¿Tiene 699 o 700 goles? A continuación explicamos el por qué de la controversia y los dos ángulos
Así como la isla donde nació, Cristiano Ronaldo parece estar hecho de fuego. Si Madeira, su lugar natal, tiene origen volcánico, 'CR7′ lleva el gol en las venas. El delantero marcó ayer un tanto en la goleada de Portugal (3-0) sobre Luxemburgo por las clasificatorias a la Eurocopa 2020 y llegó a 699 tantos en su carrera profesional, aunque algunas estadísticas afirman que son 700.
El gol que ha iniciado el debate se dio con la camiseta del Real Madrid en la temporada 2010-11. En su visita a la Real Sociedad por la tercera fecha de la Liga, el portugués lanzó un tiro libre que fue desviado por Pepe para el tanto.
Para las estadísticas del torneo español y la Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF) el tanto fue del defensor; sin embargo, la página oficial del club madridista, la UEFA y el diario “Marca” (medio que concede el trofeo de máximo goleador de la temporada en la Liga y decide los goles que valen para la Bota de Oro) le sumaron una anotación al delantero que ahora milita en la Juventus de Italia.
Mientras la controversia aumentaba en las redes sociales, Cristiano prefirió olvidar por un momento los récords o marcas –esos que alimentan su hambre de gloria– y solo atinó a referirse al significado que tiene su gol: lo marcó en el estadio José Alvalade del Sporting de Lisboa, un recinto que lo vio nacer como futbolista y fue testigo de sus primeras celebraciones.
“Feliz por haber marcado en un estadio especial para mí y haber contribuido para una victoria que nos coloca más cerca del objetivo”, publicó en su Instagram oficial. Con su gol convertido a los 65’, sumados a los de Bernardo Silva (16’) y Gonçalo Guedes (89’), Portugal sumó su tercera victoria en cinco partidos y, con un encuentro menos, se colocó a cinco puntos de Ucrania, líder del grupo B. El lunes se enfrentarán en Kiev.
—¿699 o 700?—
Si nos basamos en la data que nos brinda la RSSSF, Cristiano Ronaldo está a un gol de llegar a los 699 tantos como futbolista profesional contando clubes (605 que se dividen en: cinco con Sporting de Lisboa, 118 con Manchester United, 450 con Real Madrid y 32 con Juventus) y selección (94).
Además, según la propia organización dedicada a recolectar estadísticas sobre fútbol, el luso es el sexto máximo goleador en la historia del fútbol. Delante de él están el alemán Gerd Müller (735), el húngaro Ferenc Puskás (746), los brasileños Pelé (767) y Romario (772), y el austríaco Josef Bican (805).
Máximos goleadores en la historia, según la RSSSF:
En cambio, si nos apoyamos en la información que brinda el diario “Marca”, Ronaldo sería llamado ‘CR700’. Aunque seguiría en la misma posición en la tabla histórica de máximos goleadores, el delantero estaría más cerca de sus contrincantes. Para el medio español, Müller marcó 701 veces, Puskás 709, Romario 748, Pelé 779 y Bican 805.
Sea cual sea la cantidad final, Cristiano lo consiguió en 973 partidos. Es decir, casi un gol por encuentro. Una cifra que agranda la leyenda del luso. Es un goleador con origen volcánico, como su ciudad natal.
Una semana después de haber disuelto el Congreso, el presidente Vizcarra afirma que fue su última opción. Responsabiliza a Rosa Bartra por la situación y cuestiona el accionar de Mercedes Araoz.
En su despacho presidencial y con un cuadro de Francisco Bolognesi de fondo, conversamos con el presidente de la República, Martín Vizcarra, en su primera entrevista tras decidir disolver el Congreso. En medio de la polémica por la constitucionalidad de la medida, el mandatario afirma que respetaría un eventual fallo del Tribunal Constitucional sobre la materia. Sus planes sobre qué hacer con la libertad que significa estar cuatro meses sin Congreso aún no están claros.
—Hace cuatro días [la entrevista se hizo el viernes pasado] que tiene la suerte de ser un presidente sin oposición. ¿Cómo se siente?
No necesariamente suerte. Es una situación sui géneris. En el Perú, es la primera vez que se aplica esta prerrogativa que está establecida en la Constitución y que estamos experimentando en el proceso, pero no es suerte. Nosotros, realmente, no hubiéramos querido llegar a esta situación y hemos hecho todo el esfuerzo para postergar una decisión tan difícil como esta hasta que ya no había otro camino que aplicar [la disolución del Congreso].
—Pero siempre fue un escenario que contemplaron.
Como escenario sí, pero como una posibilidad muy remota. Yo dentro de mi perfil soy dialogante, soy concertador. [Disolver el Congreso] entonces siempre es una opción dentro de los diversos escenarios, pero era la que veíamos más lejana y más difícil de implementar. Pero finalmente hemos pasado dos denegatorias de confianza por alto. Recuerde cuando pedimos confianza por la bicameralidad, nos la dieron pero luego distorsionaron nuestro proyecto y finalmente se rechazó la bicameralidad. Segundo, con la inmunidad. Pedimos la cuestión de confianza para no eliminar, sino corregir, mejorar, el concepto de la inmunidad. Igual, nos dieron la confianza y no se hizo ninguna mejora. En esos dos aspectos, en la práctica, también fue negada la confianza que nos dieron.
—Y no optó por disolver el Congreso, sino por pedir el adelanto de elecciones y en su mensaje del 28 de julio dijo: “Esta solicitud la hago dentro del marco y el respeto irrestricto a la Constitución Política del Perú”. ¿Mencionó eso porque disolver el Congreso en ese momento no estaba dentro del marco de la Constitución?
No, no. Lo que digo es que habiendo sido denegada la confianza por la inmunidad en ese tiempo, también hubiese podido seguirse el camino que hemos seguido ahora, pero optamos por lo que a nuestro juicio era una salida más ordenada y programada: el adelanto de elecciones. O sea, no digo que lo otro no lo sea. Lo podría haber hecho ahí, pero doy una alternativa como una muestra de que disolver el Congreso era la última de las opciones que nosotros queríamos tomar.
—LA DECISIÓN DE DISOLVER—
—¿En qué momento tomó la decisión de declarar a “Cuarto poder” que sí iba a disolver el Congreso?
Mire, todo el mes de agosto y todo el mes de setiembre hemos hecho el esfuerzo de diálogo, de búsqueda de consensos para que el Congreso acepte el planteamiento que le hicimos de adelanto de elecciones. Por eso nos sorprendió que un jueves en una reunión de la comisión, de la noche a la mañana, así, de la noche a mañana, se ponga a votación, porque ni siquiera hubo debate. Entonces, dijimos que si este ha sido un esfuerzo nuestro por precisamente evitar la disolución del Congreso, en la próxima oportunidad que nosotros presentemos un planteamiento, ya nos han quitado todas las alternativas. No queda otra opción que la disolución del Congreso. Entonces, estaba en marcha esta elección de los miembros del Tribunal Constitucional […]. Nadie pedía quitarle la prerrogativa al Congreso de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Lo que se pedía es que se haga plural, que se haga transparente, que se haga con un mínimo espacio de fiscalizar a los candidatos para poder hacer llegar, si hubiera, tachas.
—Luego de varias repreguntas de Sol Carreño, usted termina diciendo que sí, que disolvería el Congreso. Según entiendo, a usted le había llegado la información de que lo querían vacar y que eso fue la gota que rebalsó el vaso para tomar esa decisión.
En realidad, mi futuro inmediato o a mediano, largo plazo es realmente irrelevante si lo comparamos con lo que es mejor para el país…
“Realmente no queríamos llegar a esta situación”.
— ¿Pero es cierto que se enteró antes de la entrevista de que estaban alistando ya un pedido de vacancia?
No, no. Ni antes ni después. Yo escucho desde el inicio de mi mandato de presidente que en algún momento iban a usar este mecanismo que está también en la Constitución. Planteamos un pedido de confianza para un hecho que es sumamente significativo. No es una cuestión de confianza por un tema que sea superfluo o innecesario, no. Estamos hablando del guardián de la Constitución: el Tribunal Constitucional.
— Y esa era claramente una prioridad para su gobierno.
Claro, porque recuerde que está en la política de gobierno que tenemos. El primer [eje de las políticas] es integridad y lucha contra la corrupción…
—Sin embargo, el mandato de los magistrados había vencido en junio. Tuvo tres meses para poder plantear esa reforma y esa cuestión de confianza.
Pero es una potestad del Congreso que determine el procedimiento plural, transparente, con participación ciudadana. Cuando ellos dicen “lo vamos a elegir en un plazo perentorio, con este procedimiento”…, es ahí cuando decimos no. Pero si en junio hubieran planteado que iban a elegir con ese procedimiento, en junio hubiéramos planteado la cuestión de confianza.
—Pero la decisión de hacer la elección por invitación y no por concurso se tomó en agosto…
[Nota de Redacción: En realidad fue en noviembre del 2018]
No. ¿Cuándo se eligieron a los 11 candidatos?
—Pero la forma de elección se definió en agosto. El método de elección que ustedes cuestionan ya estaba planteado desde al menos un mes antes de que mirasen el tema.
Pero no se aplicaba. Nosotros hemos levantado nuestra voz desde el momento que eligieron a los 11 candidatos en media hora.
—¿La cuestión de confianza sobre el método de elección del TC no se hizo en represalia por el archivo de adelanto de elecciones?
O sea, la actitud... no. A ver, el archivo de este proyecto de reforma constitucional para las elecciones fue el jueves.
—Y el viernes presentaron la confianza.
Si es que el jueves íbamos a tener un nuevo cronograma para tener elecciones en un corto plazo, obviamente íbamos a canalizar la forma de superar el entrampamiento que teníamos, pero se fue al archivo. Como un hecho adicional y complementario, ya teníamos nosotros, el día lunes, la convocatoria de la designación [de magistrados] para presentar ese tema. Entonces, tomamos la decisión de plantear la cuestión de confianza.
—Hubo algunas dudas sobre la constitucionalidad de la medida. Yo sé que ustedes creen que está dentro del marco de la Constitución, pero hay algunas voces de constitucionalistas reputados, expresidentes del Tribunal Constitucional, que creen que no se puede hacer esta interpretación de la denegación fáctica de la confianza. La OEA también ha recomendado que el TC se pronuncie sobre el tema. ¿Usted cree que la Comisión Permanente debería presentar una demanda competencial para aclarar el panorama?
Lo que yo creo es que todos debemos respetar la ley y la Constitución, y lo creemos en función de la información legal y la precisión de muchos constitucionalistas. Hemos visto catedráticos de reconocidas universidades que opinan sobre el tema, donde dicen que está completamente claro que el proceso es correcto. No tengo ningún problema. Ahora, también nosotros respetamos la competencia de todas las instituciones. Así que, si en algún momento hay una opinión del Tribunal Constitucional sobre este o cualquier otro tema, la acogeremos y la respetaremos.
—QUIEN TOMA LA DECISIÓN SOY YO—
—Ha habido varios cambios en el Gabinete Ministerial. Los primeros que se filtraron fueron los del ministro de Economía, Carlos Oliva, y el del canciller de ese entonces, Néstor Popolizio. ¿Por qué decidieron no continuar en el Gabinete?
El ministro de Economía tiene una enorme responsabilidad y una gran carga laboral, y también un trabajo de mucha presión y tensión. El ministro Oliva ya el 28 de julio me dijo que por motivos de carácter familiar me iba a acompañar [solo] unos meses más. Yo comprendí. [Los cambios] no son producto de la crisis ministerial que se genera por la denegatoria de la confianza, sino que ya había un programa de renovación que estaba pendiente. Es parte del proceso.
—El primer ministro Vicente Zeballos declaró en una entrevista en Canal N que en el Gabinete hubo algunas voces que levantaron observaciones. Entre ellas, sobre todo, la del entonces primer ministro Salvador del Solar. ¿Cuáles fueron las observaciones de Del Solar a la propuesta?
No, mire. Como hemos conversado hace algún momento, este es un proceso inédito. Sobre este procedimiento no hay nada escrito. Se tiene que ver qué se firma, quién firma el documento, quién lo procesa, dónde se presenta. Todos esos detalles entran a un análisis. Entonces, se dan diferentes opiniones al respecto.
—¿Cuáles fueron las observaciones puntuales de Del Solar?
Por ejemplo, quién firma, porque la decisión de la disolución del Congreso es una decisión presidencial. O sea, quien toma la decisión soy yo. Yo tomo la decisión a través de un decreto. ¿Qué dice la norma? Que cuando yo firmo un decreto tiene que ser refrendado por un ministro. Entonces, quién refrenda. Sobre eso había una discusión. ¿Refrenda el primer ministro o refrenda el ministro de Justicia? Quien toma la decisión soy yo, porque alguien ha dicho que tenían que firmar todos los ministros. No, este no es un acuerdo del Consejo de Ministros. Esta es una decisión presidencial. Yo asumo la responsabilidad de este acto de disolución, porque está todo el proceso al que hemos llegado y está plenamente justificado, legal y constitucionalmente.
Después de que el primer ministro Salvador del Solar se presentó y sustentó la cuestión de confianza en el pleno con todo su Gabinete, vinieron aquí a Palacio de Gobierno. Yo los esperé. Así como los acompañé a la salida de Palacio para que vayan, los esperé al regreso y de ahí hemos estado en una sesión continua hasta que di el mensaje disolviendo el Congreso. Después, hemos estado analizando y debatiendo cómo implementar la medida, porque ya estaba la decisión tomada.
—La tomó usted.
Así es…
—Y se la comunicó al Consejo de Ministros…
La tomamos en conjunto, pero quien decide soy yo, porque finalmente es una prerrogativa presidencial y así está en la Constitución. El presidente de la República puede disolver el Parlamento y convocar elecciones.
—¿Algún ministro cuestionó la constitucionalidad de esta interpretación fáctica [para disolver el Congreso]?
No, ninguno. Ahora, no es que hayamos dicho uno por uno: ¿estás de acuerdo? Simplemente en esta reunión había el planteamiento de cómo se le implementa, de si firma, quién firma; es un decreto, pero tiene que ser supremo…
—La logística, digamos.
La implementación.
—Este ha sido un momento histórico para el país, porque es la primera vez que un presidente usa la prerrogativa constitucional de disolver el Congreso. ¿No le preocupa que haya una sombra de duda cuando miremos de acá a 20 años sobre esta medida?
No, en absoluto, porque van a ver que esta acción está correlacionada con las acciones subsecuentes. ¿Cuándo es que se generan estas dudas? Cuando uno usa alguna institución o herramienta legal para beneficiarse, para alargar un período, para perpetuarse en el cargo, como ocurrió en 1992. Aquí hay una clara intención de mi gobierno y mi condición de presidente de respetar explícitamente el plazo. Nosotros de ninguna manera vamos a estar un día más allá del 28 de julio del 2021.
